Hace algunos días, el Procurador de los Derechos Humanos, denunció al doctor Ludwig Ovalle, Ministro de Salud, por la epidemia en la red hospitalaria nacional, informando de 250 personas afectadas por las bacterias y 40 personas fallecidas. La respuesta del funcionario, muy típica de ineptitud e ignorancia, ha sido que los medios de comunicación han provocado una psicosis, pues lejos de informar, han atemorizado a la población. Quizá el ministro desconoce que muchos hospitales carecen de instalaciones adecuadas, medicamentos en la cantidad necesaria, equipo médico ni personal médico y de enfermería, y a veces hasta de agua ni jabón antiséptico especial.

Las denuncias no son nuevas. Hablar de la atención en servicios de salud en Guatemala, es hablar de uno de los mayores lastres del país. La Procuraduría de los Derechos Humanos evaluó por un año al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, estableciendo que en los hospitales del país no existen las condiciones para brindar servicio a la población. Pero la investigación únicamente se refiere a los hospitales nacionales y no abarca a los hospitales del IGSS, donde la atención a los pacientes, sobre todo en los servicios de emergencia, es triste y dramática. En la emergencia del IGSS de la zona nueve todo es desorden e indiferencia y una ausencia total de control al tratamiento médico inmediato que requieren usuarios con evidente riesgo de muerte.

Los hospitales del IGSS y los hospitales del gobierno, compiten en cuál es peor en mal servicio. El año pasado, en la unidad de Pediatría del Hospital San Juan de Dios se informó en un solo día de la muerte de cinco niños por neumonía y según se conoció, alrededor de 30 niños murieron en el intensivo por esta enfermedad.

Las muertes suman, periódicamente, ya sea por negligencia, falta de medicinas o como se dice ahora, por infecciones bacterianas. Según conocedores del tema, en los hospitales públicos de Guatemala la incidencia de las infecciones es de un 28 y hasta un 47 por ciento, lo cual es preocupante porque estas estadísticas no deberían rebasar el 8 por ciento; es más, en hospitales modernos no se permite tan siquiera el uno por ciento. Sorprende que el vicepresidente Rafael Espada, quien además es médico, tenga tanto desconocimiento de la realidad hospitalaria del país al negar esta crisis.

Las funciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos no deben quedarse solo en la denuncia, sino como lo dice la ley, investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas. En este sentido, sería deseable que la Procuraduría de los Derechos Humanos establezca controles en los hospitales del país, incluidos los del IGSS, para iniciar la persecución penal de los médicos, enfermeros y empleados administrativos y de servicios, que incurran en negligencia e incumplimiento de deberes, poniendo en grave riesgo la vida de los pacientes.

Bueno sería además que se oriente a los afectados para que acudan a las instancias jurídicas en busca del resarcimiento económico del Estado, pues los impuestos que pagan los consumidores crean la obligación del Estado de brindar servicios públicos eficientes y de calidad.

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Publicado por Byron Barrera Ortiz para Byron Barrera Ortiz el 4/04/2011 08:44:00 AM