Cosas veredes, Sancho amigo
Por Lic. Byron Barrera Ortiz

byron.barrera@gmail.com

“Cosas veredes Sancho amigo, que harán hablar las paredes”, decía el Quijote. Y es que ahora que salen a la luz algunas incidencias de lo sucedido en Pavón, en el 2006, empiezan apenas a aparecer las sorpresas. Llama la atención, por ejemplo, la denuncia formulada por el Procurador de los Derechos Humanos, cuando señala al exactivista de derechos humanos, Frank La Rue, como uno de los que encubrieron la matanza ocurrida entonces, donde murieron aparentemente fusilados, siete reclusos. Las imágenes mostradas en la televisión muestran al director de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, Copredeh, a un lado del entonces director del Sistema Penitenciario, acompañándolo en la operación. En aquel entonces a los delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos se les impidió el acceso al teatro del operativo, no así al personal de Copredeh, que encubrió todas las violaciones al debido proceso en la ocupación del centro carcelario.

Lo que sale a luz hoy, ni más ni menos, es que Frank Larue, antes activista del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, lo mismo que Rigoberta Menchú, embajadora de la paz del gobierno de Oscar Berger y Nobel de la Paz, actuaron como encubridores de las operaciones de limpieza social efectuadas en el gobierno anterior. Por cierto, Larue ha continuado valiéndose del nombramiento obtenido aun desde ese gobierno como relator para la libertad de expresión de la ONU, cargo que, por cierto, no le confiere ningún mérito a Naciones Unidas ni a Guatemala.

Otra sorpresa recae sobre el mismo Castresana, exjefe de la Cicig, pues no obstante que el proceso iba avanzado en su investigación, el expediente se tuvo engavetado más de un año mientras los responsables se ponían a buen resguardo, actitud que originó la salida del español Castresana, quien también pretendía echar una cortina de humo sobre este caso, como lo hizo en otros. Según lo ha explicado la fiscal costarricense Giselle Rivera, Pavón es una Caja de Pandora que esconde en el fondo el asesinato de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y otros hechos muy delicados, que el exjefe de la Cicig no quiso destapar. Seguramente a estos crímenes deberá agregarse la cacería de campesinos en la finca Nueva Linda, Retalhuleu, ocurrida en agosto del 2004. Castresana, en lugar de investigar y desmantelar a las estructuras paralelas, las estaba protegiendo.

Entre cielo y tierra no hay nada oculto, dice el refrán. Muchas verdades hasta ahora ocultas deberían empezar a relucir, provocando una catarsis en la sociedad guatemalteca, sobre todo en las instituciones del poder judicial, responsables de la crisis que estamos viviendo. Estas instituciones, en cuya incertidumbre sobresale el Ministerio Público han estado sometidas, no al interés de la ciudadanía y de la ley, sino de personajes relacionados con el gran poder económico que ascendidos a estructuras de gobierno, se creyeron dioses, dueños de la vida de muchos guatemaltecos. Algunos policías, jueces, magistrados y fiscales de distinto nivel han tomado el camino de la ilegalidad, del encubrimiento, de la manipulación de pruebas, del enriquecimiento ilícito y del sometimiento a grupos ajenos a la judicatura. Esa es la raíz de la impunidad. Esa es la crisis.